Plan de seguridad vigente en Chile (junio 2026)
- Santiago Toledo Ordoñez

- 21 jun
- 2 min de lectura
El plan más reciente: "Plan Operativo de Seguridad" del gobierno de Kast
A inicios de junio de 2026, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio a conocer ante el Congreso el llamado "Plan Operativo de Seguridad", que organiza el trabajo del gobierno en 3 ejes, 7 focos de gestión y 26 proyectos distintos. Uno de los focos más relevantes apunta al combate del crimen organizado, para lo cual se crearon siete Fuerzas de Tarea coordinadas directamente desde el ministerio.
Entre las iniciativas que forman parte de esta agenda están un nuevo registro de personas vinculadas a actos vandálicos, la creación de un delito específico para el ingreso clandestino al país, un proyecto conocido informalmente como "Ley Antiturbazos", ajustes al proceso de expulsión administrativa de extranjeros, otro proyecto apodado "Ley Antipelotazos", nuevas reglas sobre el uso de la fuerza policial, medidas de seguridad para el Metro, y una reforma que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción constitucional, permitiéndoles realizar controles de identidad.
No es un plan desde cero
El propio ministro Arrau aclaró que esta hoja de ruta no reemplaza, sino que se apoya en la Política Nacional de Seguridad Pública que ya existía desde el gobierno anterior de Boric. Esto se inserta en una larga tradición de instrumentos similares en Chile, que comenzó en 1998 con el primer Plan Integral de Seguridad Ciudadana y que en años recientes incluyó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (2018-2022) y el actual Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2026).
Otras medidas paralelas
El gobierno también avanza en el plan "Escudo Fronterizo" para control migratorio, un proyecto de ley llamado "Escuelas Protegidas", la publicación semanal de cifras oficiales de homicidios, y un acuerdo de cooperación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que contempla transferencia de tecnología, capacitación especializada y presencia operativa del FBI en territorio chileno.
Comentarios